El tribunal suspendió la orden de Loretta Preska y permitirá que las acciones del Estado en la petrolera permanezcan en la Caja de Valores mientras se define el litigio
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos resolvió suspender la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF como forma de pago en el juicio por la estatización de la petrolera. La decisión, comunicada este viernes, permitirá que las acciones permanezcan en la Caja de Valores mientras se desarrolla el proceso de apelación y, además, libera al país de la obligación de presentar una garantía.
Preska había ordenado en junio que la condena de US$ 16.100 millones —dictada en septiembre de 2023— se cancelara con la transferencia de esa participación accionaria estatal. La defensa argentina había solicitado suspender la entrega hasta que se resolviera la apelación de fondo, trámite que comenzará a fines de septiembre. En julio, la Cámara de Apelaciones ya había dictado una medida cautelar temporaria, y ahora la suspensión se ratificó de manera definitiva.
Postura del Gobierno y escenarios previos
El Gobierno había anticipado que, en caso de que la Corte de Apelaciones no suspendiera la orden, recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos para frenar la entrega de acciones. Con el fallo favorable, ese paso no será necesario. La administración nacional sostuvo desde un principio que no presentaría ninguna garantía y que no negociará con los demandantes mientras existan instancias judiciales por agotar.
La causa atravesaba tres posibles escenarios: que el tribunal aceptara plenamente el pedido argentino, que lo rechazara de plano o que lo aceptara a cambio de que se depositara una garantía durante la apelación. Finalmente, la Corte optó por la primera alternativa, lo que significa que el país podrá continuar el proceso sin desprenderse de los papeles ni comprometer fondos en garantía.
Orígenes y alcance del litigio
El juicio de YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación del 51% de la petrolera. El principal beneficiario del fallo es Burford Capital, una empresa dedicada a la compra de derechos de litigios. El litigio no cuestiona si la Argentina tenía derecho a expropiar, sino que se centra en que no se realizó la Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de la compañía para los accionistas minoritarios.
La condena de US$ 16.100 millones incluye un interés diario superior a los US$ 2 millones desde septiembre de 2023, lo que incrementa de manera significativa el monto a pagar si el fallo se confirma en instancias superiores.
Cómo sigue la apelación
El proceso de apelación de fondo continuará en las próximas semanas. La presentación de los argumentos orales está prevista para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas. La fecha fue ratificada recientemente, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular la sentencia original e iniciar una investigación penal contra la familia Eskenazi, accionistas minoritarios de YPF en el momento de la estatización.
La decisión de la Corte de Apelaciones marca un nuevo capítulo en una disputa judicial de alto impacto económico y político, que mantiene en vilo no solo al Gobierno argentino, sino también a los mercados y a los inversores internacionales.
