La demanda exige al menos 5.000 millones de dólares y fue presentada en un tribunal de Florida.
Donald Trump, inició una ofensiva judicial contra JP Morgan Chase y su director ejecutivo, Jamie Dimon, a quienes acusó de haberle retirado servicios financieros y cerrado sus cuentas por razones políticas. La demanda fue presentada en un tribunal estatal del condado de Miami-Dade y reclama una compensación de al menos 5.000 millones de dólares.
Según el escrito judicial, en febrero de 2021 la entidad bancaria notificó a Trump y a sus empresas que cerraría sus cuentas, otorgándoles un plazo de 60 días antes de que la decisión entrara en vigencia. La medida alcanzó a diversas propiedades y negocios vinculados al entorno familiar del mandatario.
De acuerdo con la presentación, el banco no brindó explicaciones concretas sobre los motivos del cierre e incluyó a Trump, a miembros de su familia y a varias de sus empresas en una supuesta “lista negra”, lo que habría generado consecuencias comerciales y de reputación para los demandantes.
El documento sostiene que esa inclusión se extendió a cualquier cuenta de gestión patrimonial en la que Trump y sus allegados tuvieran participación y que la decisión habría sido autorizada personalmente por Dimon. Según la demanda, la medida indujo a otras instituciones financieras a negar servicios, dificultando operaciones y transacciones habituales.
En el escrito, los abogados del presidente acusan a JP Morgan Chase de “difamación comercial” e “incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo”. Además, atribuyen a Dimon la violación de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas del estado de Florida.
La demanda afirma que el accionar del banco respondió a “creencias progresistas” y a la intención de distanciarse de las posturas conservadoras del mandatario. El texto sostiene que la decisión obedeció a factores políticos y sociales, y no a criterios financieros o regulatorios, como argumenta la entidad.
Desde la perspectiva de Trump, las acciones de JP Morgan Chase configuraron una campaña de “debanking” destinada a excluirlo del sistema financiero tradicional. El presidente ya había denunciado situaciones similares con otras entidades, como Bank of America, tras el fin de su primer mandato.
En agosto, Trump firmó un decreto para penalizar a las instituciones financieras que discriminen a clientes por razones políticas o religiosas, instruyendo a agencias federales y al Departamento del Tesoro a desarrollar mecanismos regulatorios. No obstante, el sistema estadounidense no obliga legalmente a los bancos a mantener cuentas abiertas.
La querella contra JP Morgan Chase no es el único frente judicial del mandatario contra el sector financiero. Su entorno también promovió acciones contra otras entidades, como Capital One, y contra grupos mediáticos y tecnológicos, con reclamos de indemnizaciones millonarias.
La respuesta del banco fue inmediata. En un comunicado, JP Morgan Chase aseguró que la demanda “carece de fundamento” y ratificó que no cierra cuentas por razones políticas ni religiosas. Voceros de la entidad indicaron que, en algunos casos, deben cancelar relaciones comerciales por riesgos legales o regulatorios.
La disputa se desarrolla en un contexto de tensión entre el presidente y el sector financiero. En el Foro Económico Mundial de Davos, Dimon cuestionó públicamente una propuesta de Trump para imponer un tope del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, al advertir sobre su impacto en el acceso al crédito.
El texto judicial presentado en Miami-Dade sostiene que el banco actuó “de manera unilateral, sin aviso ni remedio”. “En esencia, JPMC desbancarizó las cuentas de los demandantes porque creyó que la corriente política del momento favorecía hacerlo”, describe el escrito.
El enfrentamiento legal entre el presidente estadounidense y el mayor banco del país se inscribe en una serie de litigios de alto perfil y expone la creciente tensión entre la política y el sistema financiero en Estados Unidos.
