Un abogado defensor de violadores, policías corruptos y de una acusada de homicidio puede llegar al HCD por La Libertad Avanza San Nicolás

RUMBO A LA ELECCIÓN DEL PRÓXIMO 7 DE SEPTIEMBRE

Se trata del Dr. Gustavo Moreno, quinto en la lista de candidatos que lidera el empresario Federico Chouhy. Fue el letrado defensor del sacerdote Tulio Mattiussi, condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco niños de entre 3 y 4 años en un jardín de infantes. También defendió a dos policías sentenciados a 7 y 8 años de cárcel por integrar una asociación ilícita que vendía drogas en zona norte. Además, representó a dos sujetos culpables de abusar en grupo a una menor. Y a Pili Solís, acusada de matar al joven uruguayo Marcel Xavier González Jorge.

El empresario Federico Chouhy, de frente, junto al Dr. Gustavo Moreno.

De la redacción de EL NORTE
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La lista de candidatos a concejal que encabeza Federico Chouhy en el Frente La Libertad Avanza tiene en el quinto lugar a un abogado que aspira a ocupar una de las diez bancas que pone en juego la elección del próximo domingo en el Concejo Deliberante de San Nicolás. Se trata del Dr. Gustavo Moreno, quien ha ejercido la defensa de un sacerdote condenado a prisión por abusar de menores, así como de otros sujetos que se encuentran en prisión por una violación en grupo. También fue el representante letrado de dos policías condenados por comercializar drogas en zona norte de esta ciudad y, además, de una mujer que irá a juicio como principal acusada de asesinar a un joven en San Pedro.

Es cierto que toda persona, más allá del delito que haya cometido, tiene derecho a una defensa en juicio. Lo que no parece éticamente compatible es que un defensor de violadores, pedófilos o agentes del narcomenudeo pueda ser representante de los intereses de una comunidad.

El palmarés del Dr. Moreno incluye la defensa del sacerdote Tulio Mattiussi, quien cumple una pena de 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco niños de entre 3 y 4 años en un jardín de infantes de San Pedro. Los hechos ocurrieron en 2017, y la condena en primera instancia se produjo en 2022 y fue confirmada por Casación al año siguiente. Los jueces de Casación llegaron a la misma certeza que el tribunal inferior “sin que del análisis de las pruebas surjan interrogantes o dudas” sobre la calidad de autores de Mattiussi y Ojeda en relación a los hechos juzgados. “La valoración realizada por el Tribunal se compadece con las leyes de la lógica, la psicología y el sentido común”, dijeron.

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El Dr. Moreno había solicitado la excarcelación del sacerdote Mattiussi, cuando el conjunto de pruebas presentadas por la fiscalía anticipaban un veredicto condenatorio. Por el mismo cargo, el Tribunal integrado por los jueces María Elena Baquedano, Alejandro López y María Belén Ocariz condenó al portero Anselmo Ojeda.

Desde entonces, Matiussi y Ojeda quedaron detenidos con tobillera electrónica en sus domicilios hasta que la sentencia quede firme. “Pedimos la prisión efectiva en la cárcel sin beneficios para ambos, al ya tener doble conforme, porque dos tribunales confirmando la pena”, expresaban a través de un comunicado los padres de las víctimas que participan del expediente como particulares damnificados. Hay quienes afirman que Mattiussi podría estar cumpliendo la condena en un inmueble del Obispado de San Nicolás, versión que este diario nunca pudo confirmar.

Por otra parte, los magistrados rechazaron la apelación por “no advertir una desproporción en el monto de la sanción aplicada, ni ausencia de fundamentación al respecto”.

Otras defensas

En 2022, el Dr. Gustavo Moreno integró el bloque de abogados defensores de dos sujetos que fueron condenados a diez años de prisión por un abuso sexual grupal denunciado por una joven cuando era menor de edad. El hecho denunciado ocurrió durante una reunión social tipo “previa”. En el veredicto condenatorio le conservaron a ambos el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo del Servicio Penitenciario, ya que esta medida morigeradora no fue cuestionada por la Fiscalía al momento de requerir la pena.

Otro de los casos resonantes que tuvo al Dr. Moreno como abogado defensor de los acusados fue el de la banda de narco-policías que operaba en la Comisaría Tercera de San Nicolás.

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Luego de un juicio abreviado, Maximiliano Facundo Glorio (43), ex jefe de la comisaría, junto a Emir Verón (24), Ricardo Pereyra (49) y Darío Medina (31) fueron encontrados culpables por asociación ilícita, comercialización de estupefacientes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, coacción y concusión. El escándalo se conoció en 2015, y las penas se dictaron en 2019. El Dr. Moreno defendió a Emir Verón y Darío Medina, quienes resultaron condenados a siete años y medio de prisión.

Posible homicida

En mayo de este año, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás confirmó el rechazo del cese de prisión preventiva que el Dr. Gustavo Moreno, defensor particular de Marisel “Pili” Solís, había interpuesto en el marco de la causa que investiga el homicidio de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

El Juzgado de Garantías no se hizo eco de la solicitud y la denegó, por lo que Moreno apeló y ahora la Cámara se expidió en el mismo sentido. Es decir que rechazó el cese de la medida y Pili Solís sigue detenida.

Entre sus argumentos, el abogado de la imputada había planteado, una vez más, la sospecha relacionada con la presunción de que las heridas de Marcel habrían sido “autoinfligidas”, algo que descartó la pericia sobre la autopsia. Pero además, había señalado que Marcel no habría sentido dolor porque estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, puesto que Solís sostuvo en su declaración que ambos habían consumido hongos del tipo cucumelo.

La Cámara se apoyó en los resultados de la pericia toxicológica, que estableció que ni Marcel ni Pili Solís habían consumido drogas alucinógenas, lo que echó por tierra la coartada de la acusada.

Marisel “Pili” Solís se encuentra detenida en el anexo femenino de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, imputada del delito de homicidio agravado por el vínculo, que contempla como única posibilidad de pena la prisión perpetua.

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