La iniciativa fue impulsada por el diputado Oscar Liberman y cuenta con el respaldo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Busca impedir delitos cometidos desde los penales.
El diputado provincial Oscar Liberman, de La Libertad Avanza (LLA), presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa cuenta con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El legislador sostuvo que el objetivo de la propuesta es evitar que desde las unidades penitenciarias se cometan delitos como estafas o extorsiones telefónicas. “Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, afirmó al presentar el proyecto.
La iniciativa fue denominada “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez. El joven prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida luego de sufrir una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.
Eliminación del protocolo vigente
El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20. Ese esquema se implementó durante la pandemia de Covid-19 para facilitar la comunicación de los internos ante las restricciones sanitarias.
Según explicó Liberman, ese mecanismo ya no tiene justificación en el contexto actual.
La propuesta también plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense. En ese marco, establece que las personas privadas de la libertad solo podrán comunicarse mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Límites para las comunicaciones
El proyecto fija además un límite para las comunicaciones de los detenidos. Cada interno podrá hablar hasta un máximo de dos horas por día, pero no tendrá acceso libre a los teléfonos.
Los aparatos deberán utilizarse únicamente en los horarios y espacios habilitados dentro de la unidad penitenciaria. Una vez finalizada la comunicación, el personal penitenciario deberá retirar los dispositivos.
La iniciativa también establece la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos. El objetivo es impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.
Controles y requisas
El proyecto también propone reforzar los controles internos dentro de las cárceles. En ese sentido, plantea realizar requisas diarias para evitar el ingreso o la permanencia de teléfonos celulares de manera ilegal dentro de los establecimientos.
Según explicó Liberman, la iniciativa se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos. Entre ellos participaron colaboradores de la jueza Sandra Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.
En los fundamentos del proyecto, el legislador citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. En ese marco, sostuvo que el Estado debe garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.
Procedimiento para aplicar la norma
La propuesta también establece un procedimiento para implementar la normativa. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá un plazo de diez días hábiles para notificar a los internos.
Tras esa comunicación, los detenidos deberán entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder en un plazo de 24 horas, incluso aquellos que no hayan sido declarados.
Cumplido ese período, las autoridades realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa.
