Un informe del CEPA mostró que la ejecución presupuestaria nacional cayó casi 29% en 2025, con fuertes recortes en salud, educación y ciencia.
La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional registró al cierre de 2025 una caída real cercana al 29% en comparación con 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El estudio expuso un ajuste fiscal con impacto directo en áreas sensibles como salud, educación, ciencia, desarrollo social, transporte y obra pública.
De acuerdo con el relevamiento, mientras el gasto total se redujo de manera significativa, algunas partidas mantuvieron o incrementaron su peso relativo. La Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, mostró un crecimiento del 52% en términos reales respecto de 2023. En paralelo, los servicios de la deuda pública concentraron el 8% del gasto total, lo que los ubicó entre los rubros de mayor incidencia presupuestaria.
El recorte más profundo se verificó en el área de salud. La Superintendencia de Servicios de Salud registró una caída del 72%, mientras que los hospitales nacionales tuvieron ajustes de entre el 20% y el 42%. También se redujeron los recursos del Instituto Malbrán en un 26% y los de la ANMAT en un 25%. Programas de prevención y atención sanitaria quedaron con ejecuciones cercanas a cero, con la excepción del programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que mostró un leve crecimiento del 5%.
En ciencia y tecnología, el informe describió una retracción generalizada. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 82%, el Conicet un 32% y el Servicio Meteorológico Nacional un 34%. A estos recortes se sumaron las disminuciones en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Servicio Geológico Minero Argentino y otros organismos estratégicos.
Las políticas sociales y educativas también mostraron recortes severos. En educación, Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no registraron ejecución durante 2025, mientras que las becas estudiantiles y la formación docente sufrieron recortes superiores al 70%.
En el sistema de Seguridad Social, la Anses tuvo una reducción del 5%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 73% y el Inaes del 73%. En Desarrollo Social, el CEPA detectó una caída del 100% en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social, del 90% en el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y del 52% en Comedores Comunitarios y Merenderos.
El ajuste también alcanzó al transporte, la obra pública y las transferencias a provincias y municipios, con reducciones que en numerosos casos llegaron al 100%. Según el CEPA, este escenario configura una fuerte contracción del gasto público que compromete la continuidad de políticas esenciales y redefine las prioridades del Estado nacional.
