Un padre fue intimado a pagar más de seis millones de pesos por el operativo de seguridad desplegado tras una falsa amenaza en una escuela de Santa Fe, en el marco de una medida inédita que busca trasladar los costos a las familias de los responsables. La notificación, entregada por la Policía, fija un plazo de cinco días para abonar la deuda y advierte que, en caso de incumplimiento, podrá avanzar por la vía civil con embargo de bienes, mientras las autoridades ya identificaron decenas de casos similares y apuntan a recuperar más de 250 millones de pesos.
Un padre fue intimado a pagar $6.024.944 por el operativo de seguridad desplegado tras una falsa amenaza en una escuela, en lo que constituye la primera notificación formal dentro de un esquema que busca trasladar estos costos a las familias responsables.
La notificación fue entregada por personal policial en la ciudad de Santa Fe a los padres de un menor señalado como autor del hecho. Al conocer el monto, uno de ellos reaccionó con una frase que reflejó el impacto de la medida: “Cara la jodita”.
El procedimiento apunta a recuperar los gastos generados por este tipo de episodios, que implican la movilización de móviles policiales, brigadas especializadas —como explosivos—, además de combustible y horas de servicio. Cada intervención demanda recursos considerables ante la necesidad de actuar con protocolos de máxima seguridad.
Según se informó, ya fueron identificados los responsables de 58 amenazas, lo que involucra a más de 70 personas entre autores y adultos responsables. En numerosos casos se trata de menores, por lo que la responsabilidad económica recae sobre sus padres.
Cada intimación detalla el monto correspondiente al operativo específico y establece un plazo de cinco días para el pago. En caso de incumplimiento, la deuda puede ser derivada a instancias judiciales civiles, con la posibilidad de embargo de bienes o ingresos.
El monto total que las autoridades buscan recuperar por los casos ya identificados supera los 250 millones de pesos. La cifra podría incrementarse a medida que se validen nuevas identidades vinculadas a amenazas recientes.
Desde el área de seguridad aclararon que no se trata de sanciones penales, sino de reclamos civiles por los costos que generan estas intervenciones, en un intento por desalentar este tipo de conductas mediante el impacto económico sobre los responsables.
