España reclama a etarras aún protegidos en el exterior
NewsITe
Más de una década después del cese definitivo de la violencia de ETA, las fuerzas de seguridad españolas siguen rastreando el paradero de decenas de miembros de la organización con causas pendientes ante la justicia. Fuentes policiales señalan que al menos nueve etarras se encontrarían actualmente en Venezuela, mientras que otros 22 se reparten entre Francia, México, Cuba, Brasil y Uruguay, todos ellos con procesos abiertos, en su mayoría por delitos de sangre.
Entre los nombres apuntados en los informes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) figuran históricos como Iñaki de Juana Chaos, José Arturo Cubillas Fontán y José Luis Eciolaza Galán, alias “Dienteputo”. La eventual salida de Nicolás Maduro del poder no garantiza, por el momento, que España pueda concretar las extradiciones, ya que Caracas viene rechazando desde 2010 todas las solicitudes formales cursadas por la Audiencia Nacional.
Organizaciones de víctimas del terrorismo reclaman que el Gobierno español redoble la presión diplomática para conseguir la entrega de los prófugos. Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, insiste en que se trata de una “oportunidad única” para hacer efectiva la responsabilidad penal de quienes aún no han respondido ante los tribunales. La entidad mantiene una recompensa de 5.000 euros por información fiable que permita localizar a etarras con causas vigentes.
Los etarras más buscados y el papel de Venezuela
Arturo Cubillas, considerado en su momento referente del colectivo de etarras huidos en Venezuela, llegó al país caribeño en 1989 tras ser deportado desde Argelia. Obtuvo la nacionalidad venezolana y llegó a ocupar un cargo de responsabilidad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI). La justicia española lo vincula como supuesto enlace entre ETA y las FARC colombianas, y en 2011 reclamó su extradición por conspiración para cometer homicidios terroristas y tenencia de explosivos en colaboración con banda armada.
Otro caso emblemático es el de Iñaki de Juana Chaos, exjefe del “comando Madrid”, condenado en su momento a más de 3.000 años de prisión y finalmente excarcelado tras dieciocho años de cumplimiento efectivo. Tras su salida de España, fue ubicado en Venezuela, donde llegó a regentar un comercio. En 2013, el Gobierno español solicitó formalmente su entrega por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque la petición nunca prosperó.
A la lista se suma José Luis Eciolaza Galán, conocido como “Dienteputo”, integrante del “comando Goierri Kosta” y señalado como responsable de una veintena de atentados con víctimas mortales, entre ellos el que costó la vida a la primera mujer de la Policía Nacional asesinada en acto de servicio. A lo largo de los años se lo ha situado en Argentina, México y Venezuela, y sigue siendo una de las figuras más peligrosas según los expertos en la lucha antiterrorista.
Huidos en América Latina, Francia y el paso del tiempo
Fuera de Venezuela, los servicios de información españoles apuntan a otros 22 etarras repartidos en distintos países de América Latina y en Francia. Uno de los nombres que se repite en los listados internacionales es el de Eusebio Arzallus Tapia, alias “Paticorto”, antiguo jefe del aparato logístico de ETA. Durante años se ocultó en Nicaragua, de donde habría huido en 1993 tras la explosión de un depósito de armas clandestino. Llegó a figurar en un fichero del Gobierno de Estados Unidos de “terroristas mundiales especialmente destacados”.
El tiempo, sin embargo, corre en contra de las investigaciones. La reforma del Código Penal de 2010 declaró imprescriptibles los delitos de terrorismo que causaran la muerte de una persona, pero esa medida no se aplica a los crímenes cometidos con anterioridad a esa fecha, que prescriben a los veinte años. Varios exintegrantes de ETA han regresado a España en los últimos años amparándose en la prescripción de sus causas, lo que añade presión a las autoridades para actuar con rapidez.
- Al menos nueve etarras se encontrarían refugiados en Venezuela, según informes policiales.
- Otros 22 huidos se reparten entre Francia y varios países de América Latina.
- Las víctimas reclaman mayor impulso diplomático y judicial para lograr las extradiciones.
“Las víctimas son las que han hecho crecer a nuestra democracia y al Estado de Derecho con su comportamiento ejemplar ante lo peor que le puede pasar a una persona”, sostuvo Daniel Portero, de Dignidad y Justicia.
Mientras el mapa de los etarras huidos se mantiene prácticamente intacto, el debate político vuelve a situar sobre la mesa la responsabilidad del Gobierno español y el papel de los países que han ofrecido refugio a los reclamados por terrorismo. Para las asociaciones de víctimas, la reparación solo será completa cuando todos los responsables puedan ser juzgados y se cierre, en los tribunales, uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de España.
