La discusión en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de amnistía para detenidos por motivos políticos fue postergada por el oficialismo, en medio de presiones sociales y diferencias internas en el seno del chavismo.
En un giro inesperado del proceso legislativo, el Parlamento venezolano —controlado por el oficialismo— aplazó el tratamiento final de la ley de amnistía general que busca beneficiar a personas consideradas presos políticos, dejando el debate pendiente para una próxima sesión.
La norma, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aprobada en primera lectura semanas atrás, fue objeto de un breve debate que culminó con la postergación del segundo y último debate, luego de que surgieran discrepancias entre legisladores oficialistas sobre aspectos clave del texto.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que la discusión continuará en la próxima sesión ordinaria, sin precisar fecha concreta. La postergación se centró en desacuerdos sobre artículos que pretenden imponer condiciones para acceder a la amnistía, como la obligación de que los beneficiarios se presenten voluntariamente ante la justicia, lo que fue cuestionado por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos.
La suspensión del tratamiento del proyecto ocurre en un contexto de movilizaciones ciudadanas y presión social, con manifestaciones de familiares, estudiantes y activistas que reclaman la liberación de personas que consideran injustamente detenidas por motivos políticos. Estas protestas se registraron de manera paralela a la sesión parlamentaria en Caracas, donde se exigió avanzar con la aprobación de la ley.
La ley de amnistía —que en su primera instancia recibió aprobación unánime entre los diputados oficialistas— contempla la excarcelación de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con protestas, expresión política u oposición al gobierno desde 1999. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que ciertas limitaciones en el texto podrían excluir a amplios sectores de detenidos.
La postergación del debate final mantiene la incertidumbre sobre el futuro inmediato de presos políticos en Venezuela y pone en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo sobre el alcance y las condiciones de la amnistía.
