Detuvieron a siete personas, entre ellas una joven de 25 años en el barrio Prefectura. Este operativo, que tuvo como uno de los puntos a la ciudad santafesina de Villa Constitución, fue parte de una causa que inició en enero por hechos ocurridos en Villa Gobernador Gálvez.
Villa Constitución fue escenario de uno de los diez allanamientos que se realizaron de forma simultánea en distintas localidades santafesinas, en el marco de una causa por extorsiones y balaceras. Las intervenciones fueron solicitadas por el fiscal Pablo Socca y ejecutadas este viernes con participación de efectivos de la Policía de Investigaciones, fuerzas especiales de la Policía de Santa Fe y personal del Servicio Penitenciario.
La investigación se originó en enero de este año, a partir de ataques con armas de fuego cometidos en Villa Gobernador Gálvez. Las medidas se desplegaron en siete ciudades: Rosario, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Carcarañá, Chabás y Villa Constitución. Además, se realizó una requisa en el pabellón 14 de la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero.
Como resultado de los procedimientos, detuvieron a seis mujeres y un hombre, quien ya se encontraba privado de libertad por otra causa. En Villa Constitución, la intervención tuvo lugar en un domicilio del barrio Prefectura, donde aprehendieron a una joven de 25 años. En ese operativo secuestraron un teléfono celular y una tarjeta de crédito.
Según publicó El Sur Diario, durante los allanamientos se incautaron 20 teléfonos celulares, tarjetas SIM, tarjetas de crédito, $50.000 en efectivo, 2,2 gramos de marihuana, cartuchos calibre 9 mm y municiones recortadas calibre 38, 45 y 12. La Fiscalía logró identificar a los involucrados mediante el análisis de comunicaciones telefónicas y el registro del IMEI de los dispositivos móviles.
Una de las líneas de investigación apunta a que los ataques se ordenaron desde la cárcel. Algunos de los internos requisados durante el operativo señalaron pertenecer a la organización delictiva conocida como “Los Monos”. Las diligencias permitieron establecer que las personas privadas de libertad se comunicaban con mujeres en el exterior para ejecutar extorsiones y coordinar disparos contra viviendas.
